Este lunes 5 de septiembre se realizará una audiencia de apertura de investigación contra la jueza penal de Comodoro, Mariel Suárez, debido a una causa que se formó como consecuencia de que el día 30 de diciembre del año pasado adujo razones de enfermedad para no realizar la audiencia de control de un detenido en Comodoro, cuando en realidad ella se encontraba en Trelew con el objetivo de su concretar su polémica visita al preso Cristian Bustos, lo que derivó en el escándalo de un presunto beso que mantiene hoy a la magistrada suspendida en sus funciones.

En este caso, la actuación penal se inició de oficio en la fiscalía de la urbe petrolera y se derivó hacia sus pares de Esquel, mientras que la acusación se sustenta en que la jueza habría mentido para incumplir con la tarea a su cargo, ya que en la fecha referida se encontraba de turno.

La acusación, según pudo establecer ADNSUR en base a fuentes judiciales, se impulsa por presunto ‘Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público’ y ‘Omisión de acto de oficio’, a partir de que la jueza mintió que se encontraba enferma, cuando en realidad estaba visitando en la cárcel a Bustos, el preso al que un día antes habían condenado por el homicidio del policía Tito Roberts.

La audiencia de control que debía realizar la jueza era sobre el detenido Daniel Axel Amed. Aunque el trámite se realizó igualmente al día siguiente, en el que la jueza participó por vía remota (con lo cual cumplió normativamente porque el plazo legal para realizarlo es hasta 48 horas después de la detención), el cuestionamiento penal que enfrenta es por haber alegado razones falsas para la primera postergación de una de las obligaciones a su cargo.

Sumario que podría derivar en destitución

Esta actuación penal es paralela al sumario que por otra parte está instruyendo el Consejo de la Magistratura de Chubut, organismo que ya decidió suspender temporalmente a la magistrada, mientras realiza la investigación.

Como consecuencia de ese trámite, la jueza podría afrontar un juicio de destitución, según el pedido formulado en las denuncias que, en forma separada, presentaron el intendente Juan Pablo Luque y el senador nacional Ignacio Torres, además de la investigación que en su momento abrió el Superior Tribunal de Justicia. 

El organismo tiene un plazo de 90 días para producir una conclusión sobre el tema, lo que se cumpliría dentro de este mes de septiembre, ya que se inició a principios de junio, aunque eventualmente el sumariante puede solicitar una prórroga para arribar a un dictamen.

Una vez que se conozca ese pronunciamiento, en el que debe concluir si hay causal o no para iniciar un juicio de destitución, el pleno del cuerpo debe debatir el tema y proceder a la votación sobre la decisión final. En caso de que haya fundamentos para un jury, se debe dar intervención al Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por miembros del Superior Tribunal de Justicia y diputados provinciales.