El procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, confirmó que se avanzará con la imputación de 23 personas por los destrozos ocurridos en la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios públicos en diciembre pasado.

La manifestación se produjo en el marco del rechazo a la ley minera. Las personas ligadas con la causa son manifestantes pero también funcionarios públicos. En este último caso se analizará su responsabilidad en la prevención de los delitos.

De acuerdo con la información brindada em Actualidad 2.0 la comisión especial conformada para investigar los hechos ocurridos el 16 de diciembre del año 2021, por los destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos -tras el reclamo contra la ley minera- concluyó con la identificación de 23 personas que podrían ser imputados formalmente por varios tipos de delitos.

Además, en forma paralela se deberán establecer las responsabilidades penales de funcionarios públicos que tenían a su cargo la función de prevenir los hechos de violencia.

La comisión investigadora concluyó la labor previa y las conclusiones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Rawson, que deberá continuar con el proceso para formalizar la acusación, según precisó Porras Hernández, en diálogo con Actualidad 2.0.

Como resultado, detalló que se logró identificar a 23 personas que se apartaron “de la protesta legítima” para incurrir en actos vandálicos y constitutivos de distintos delitos, a partir del uso de imágenes captadas por videos, testimonios, allanamientos y otras pruebas.

“El derecho a manifestarse y protestar es legítimo, pero en este caso se apartaron de esa legitimidad y llevaron a cabo algunos actos que encuadran en figuras penales como daños, incendios, robos, hurtos, etc, de bienes del Estado –detalló-. Esas personas fueron individualizadas con mucha claridad”.

Las imputaciones que podrían caber a funcionarios públicos
“En relación a los funcionarios, la comisión tuvo el cometido de relevar toda la documentación surgida de las organizaciones públicas, donde deben quedar documentadas las acciones o planificaciones previas”, indicó el procurador adjunto, en referencia al plan de prevención que debió establecerse ese día.

“Esos planes se reflejan en las órdenes operativas de la policía, teniendo en cuenta lo que se puede prever que va a pasar –mencionó como ejemplo-. También buscamos constatar los recursos humanos y materiales que se desplegaron para tratar de contener la situación y el resultado entre lo planificado y lo que finalmente ocurrió”.

“En relación a los funcionarios, la comisión tuvo el cometido de relevar toda la documentación surgida de las organizaciones públicas, donde deben quedar documentadas las acciones o planificaciones previas”, indicó el procurador adjunto, en referencia al plan de prevención que debió establecerse ese día.