Se inició el pasado martes en Esquel el juicio contra Héctor Arrechea, a quien se lo acusa de haber aprovechado las aguas del río Genoa para uso de su establecimiento ganadero, denominado «La Criolla» perjudicando así a otros campos de la zona y a Gobernador Costa.

La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Forti, quien contó con la colaboración de la funcionaria Mónica Caveri; mientras que el juez de la causa es Ricardo Rolón y el imputado es representado por Carolina García.

En el marco de una nueva audiencia celebrada este lunes, el fiscal Forti resaltó, a lo largo de su alegato, la importancia del tema puesto en debate: la libre circulación del río por su cauce natural y la relevancia que el agua reviste para la vida. Por este motivo consideró que se trata de un juicio en favor todos, de todos los ahora presentes en esta sala, de los que vendrán (las generaciones futuras), de los productores ubicados aguas abajo y de los vecinos de una comunidad que a través de este juicio se hicieron escuchar en defensa de su río y la biodiversidad.

La Fiscalía probó además que Arrechea no tenía permiso o concesión para el uso de aguas públicas otorgado por la Autoridad Provincial del agua.

En su declaración al inicio del debate, Arrechea sostuvo que la contención por la que se lo imputa está desde el tiempo de sus abuelos. Ante esto, el fiscal plantea es si una obra tan precaria puede durar mas de cien años, superando crecidas y la fuerza constante del agua que busca retomar su curso natural. «Nótese pues, que no hay otra explicación lógica que el constante mantenimiento de la estructura y esto es lo que nos dijo hace Arrechea año tras año, y es donde se convierte en autor», dijo el investigador.

«Asimismo atento el tiempo actual con el grado de desarrollo existente, la cantidad de canales que salen del canal madre tienen como objetivo regar el fundo y no el que supuestamente respecto la versión del imputado le daba su abuelo para uso doméstico», añadió.

Finalmente, el fiscal consideró que por el tipo de hecho se debe encontrar la pena justa en la porción más alta de la escala penal aplicable por la gravedad del caso, la magnitud del daño causado, y tratándose de un delito instantáneo de efectos permanentes que aun continúan existiendo.

«Asimismo, la conducta del imputado evidencia una actitud desaprensiva y egoísta ante la sociedad, ya que agota un recurso vital como es el agua -escaso a nivel mundial y con emergencia hídrica declarada en esta provincia- por obtener un beneficio económico personal. Demuestra no tener conciencia ambiental ya que al obstruir todo el cauce natural ha provocado la muerte de toda la biodiversidad», sentenció Forti al pedir que se lo declare autor penalmente responsable a Arrechea y que se lo condene a la pena de nueve meses de prisión en suspenso.

LA DEFENSA PIDIÓ LA ABSOLUCIÓN DEL IMPUTADO
Por su parte, la defensora García sostuvo la inocencia de su defendido con diversos argumentos. Por una parte, indicó que la zona en que se señala que se hizo la contención de aguas está fuera de la propiedad del acusado. Se refirió a varios errores materiales en la constatación de la geolocalización ofrecida por la pericia, cuestionó imprecisiones en la imputación, al referirse a las afluentes del río Genoa. «Todo contribuye a una indeterminación del lugar del que estamos hablando», cuestionó la abogada, indicando que en una acusación penal no puede existir imprecisión.

Resaltó que siempre la autoridad de aplicación estuvo en conocimiento de las intervenciones realizadas.

Según expuso la abogada, «el canal fue hecho por el abuelo del señor Arrechea, no por el imputado, declarado en 2014 e inspeccionado por las autoridades del IPA en numerosas oportunidades. Todas las observaciones fueron subsanadas. La autoridad de aplicación estuvo siempre en conocimiento de la existencia del canal, incluso se exigió una compuerta para regular el paso de agua, la que se colocó en el lugar. En 2019 obtuvo un permiso para la utilización de esas aguas. ¿Qué es lo que hizo por fuera de lo que el IPA le pidió?«.

«Arrechea no hizo más que cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma… no así quienes se presentan aquí como víctimas…», apuntó la defensora. Añadió que de acuerdo con el código de aguas, su defendido mantuvo la limpieza de canales, cada año.

Por otro lado, dijo que no hay un derecho reconocido por ley de las personas o de la comuna que se manifiesta afectada por el uso de estas aguas. La única persona que tenía gestionado el permiso para su utilización es el imputado.

Con estos y otros argumentos, García pidió la libre absolución de su defendido.