El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chubut, José Pérez, dialogó con Radio 3 y se refirió al paro total por tiempo indefinido que declaró la empresa «La Golondrina» en la Comarca Andina.

En primer lugar, el gremialista reconoció que «sinceramente no tengo ni idea porque llevarían adelante la medida de acción directa. Habría que buscarle el argumento legal a una medida de fuerza en el transporte de pasajeros en El Bolsón, cuando la UTA no ha declarado ningún conflicto».

«Normalmente si hay un cese de actividades es declarado por la UTA. En este caso no hay conflictos en la localidad», confirmó Pérez.
«No existe conflicto alguno entre las empresas de El Bolsón, que son “La Golondrina”, “La Comarcal” y “La Jorge Pascual”, y la entidad gremial», remarcó el sindicalista.

«No sé a qué apuntan los trabajadores. Nosotros hace 15 días atrás hemos convocado a elección de delegados en las empresas de esa localidad, en función de que venimos haciendo un seguimiento desde hace dos años atrás de varios inconvenientes e incumplimientos esas firmas que son de un solo dueño», manifestó.

«El hecho de una convocatoria a elección de delegado no tiene que generar ningún tipo de conflicto. Simplemente es una convocatoria», argumentó.

«Debe haber dos afiliados a la UTA en El Bolsón. De todos modos, no pueden desconocer a la organización que es la asignataria del Convenio Colectivo de Trabajo. Ellos perciben el salario en función de la escala salarial de UTA. Las empresas hacen los aportes en función de los empleados que tienen, o sea que no pueden desconocer a la entidad gremial», criticó.

«Nosotros interpretamos que los trabajadores de “La Golondrina” están actuando en función del beneficio de la empresa para que no se instale un delegado en el seno de las firmas», sostuvo.

«Desde UTA no buscamos perjudicar absolutamente a nadie. Solo se busca convocar a una elección, que haya un delegado electo y que este se encargue de ser el nexo entre las empresas y la UTA para informar lo que está bien y lo que está mal. No hay nada raro en el medio de esto», aseveró.

«Esta medida de fuerza es perjudicial para los mismos trabajadores. También perjudica a todos los usuarios y al poder político», lamentó Pérez.
«La empresa tendrá que encontrarle un argumento para decirle al poder concedente (la Municipalidad) porque deja sin servicio a la comunidad de la Comarca Andina», añadió el encargado de UTA, al tiempo que dijo que «el gremio está totalmente desvinculado a cualquier acción que hagan los trabajadores porque no hay argumento legal».

«La Municipalidad debe exigirle a la prestataria que brinde el servicio porque no hay conflicto. Acá lo que puede llegar a haber es una resistencia a que haya un pie gremial dentro de la empresa», subrayó.

«Nosotros tenemos documentación que nos indica que hay trabajadores en las empresas que nombré que cobran entre 12 mil y 60 mil pesos; cuando el salario mínimo de esa zona es de 120 mil pesos. Por este lado puede venir el enojo, en complicidad con el propietario», apuntó.

Para finalizar, Pérez sentenció que «no existe la posibilidad de que intervenga la Secretaría de Trabajo para una conciliación obligatoria, ya que para la misma tiene que haber un conflicto declarado. Acá lo único que existe es la complicidad del dueño de la empresa, el cual le permite a sus empleados que no salgan a trabajar y que perjudiquen a los usuarios».